Piden dos años de cárcel para un traficante que operaba a domicilio.

Fue detenido el 5 de abril de 2020 al ser interceptado un paquete con droga a un mensajero. El acusado de 33 años "I.G.A" complementaba su salario en el sector audiovisual con las ganancias venta ilícita de sustancias estupefacientes desde la calle Hortaleza en el conocido barrio de Chueca. Decretado el estado de alarma y limitados los movimientos para actividades no esenciales este vio menguar sus beneficios pero el ingenio del narco no tiene límites, así como su falta de ética. Así, consiguió contratar a mulas involuntarias, repartidores de glovo que sin saberlo estaban haciendo de transportistas, personas en muchos casos extranjeras, que por un euro y medio que cobran por pedido podían exponerse a graves sanciones. No fue el caso de "J.E.S", el joven repartidor de origen venezolano sospechó del paquete desde el primer momento y llamó a la policía, y estos, tras entrevistarse con él e interceptar el paquete con 5 gramos de lo que parecía ser hachís, fueron al citado domicilio en la calle Hortaleza 48, encontrándose antes con él remitente, quién ahora, en calidad de detenido, confesó a los hechos y les mostró su intención de entregar toda la sustancia estupefaciente que tenía en casa, algo poco habitual en traficantes, pues solo podía empeorar su situación. Esposado y a través del telefonillo dio instrucciones a sus compañeros de piso para que encontraran la droga y la tiraran por el rellano. El total de la misma fue se 639 gramos de hachís lo que equivaldría a 1400 dosis fuera del mercado ilícito. En la fase de instrucción el acusado defendió que era para su consumo y el de su novia, quién dice, era la receptora. Versión que el fiscal no parece creer a pesar de los testimonios de sendos compañeros y de quién dice ser su novia pues en el escrito de acusación manifiesta que el denunciado hizo el envío con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito con el que complementaba su sueldo como ayudante de edición. Paradójicamente el investigado trabaja ahora para un reality de policías, Alerta 091, donde trabaja con material policial real. De está coincidencia fue alertada la policía y desde la JUSAPOL y el SUP (sindicato unificado de policía) instan a la productora Secuoya de que prescindan de este trabajador. Adolfo Medina, presidente de la SUP se pronunciaba al respecto esta mañana en una rueda de prensa: "Pese a no estar condenado en sentencia firme no podemos permitir que una persona investigada por tráfico de drogas vea material tan comprometido que pueda poner en peligro las actuaciones de compañeros y las unidades". El despido está pendiendo de un hilo porque atendiendo a la ley vigente podría valorarse como improcedente según manifiesta Daniel Amelang, la defensa del acusado. De momento queda en pie la apertura de juicio oral y será la justicia si decide mantener la acusación de la fiscalía, rebajarla o absolverle. Lo único seguro es que 1400 dosis de porro ya no están en la calle.