RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN EN PANDEMIA
Ja ja ja, ¡fuiste engañado!
¡ERA UNA BROMA!
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Responsabilidad y sanción son dos palabras que en Argentina han perdido peso en los últimos cuarenta años. Los que peinamos canas (o los que ya no tenemos nada que peinar) recordamos que cuando se calificaba de "responsable" a una persona, ésta era objeto de una mayor consideración entre sus semejantes que le proporcionaba múltiples beneficios. Por el contrario, el irresponsable era objeto de sanciones sociales, laborales, civiles y hasta penales en los casos más graves. La sanción penal tenía efectos aún después de cumplida: quienes se consideraban honestos y querían seguir siéndolo evitaban relacionarse con ex delincuentes como medida preventiva. La sanción social tenía la misma fuerza: ante una conducta disvaliosa o perjudicial, la comunidad marginaba al infractor, a quien en los casos más graves condenaba al ostracismo. Conviene aclarar la diferencia entre sanción moral y sanción social. La primera se fundaba en los principios morales mayormente aceptados en la época. Como la moral es autónoma, dependía de cada individuo aplicar o no una sanción ante cada caso determinado. La segunda se fundaba en su utilidad práctica para el correcto funcionamiento de la sociedad y se regía por las reglas del sentido común. La sanción social se aplicaba -además de los casos de falta de educación o violación de costumbres sociales- a las personas que debiendo hacer ciertas cosas bien, las hacían mal. Por ejemplo, se etiquetaba como "chambón" a quien ejerciendo un oficio hacía su trabajo en forma negligente o insatisfactoria. Los nombres de los profesionales con mala fama se difundían con rapidez, y estos sujetos veían disminuir su clientela en forma notable. Si un empleado infiel de una agencia de recaudación de impuestos era descubierto, la lujosa casa que se había construido con el fruto de su delito era señalada con desaprobación por cuanto transeúnte pasaba frente a ella. Estas sanciones sociales cumplían un propósito útil: proteger a los miembros honestos de la comunidad de aquellos que no lo eran y podían llegar a perjudicarlos. También tenían un enorme efecto disuasorio, debido a que todos sabían a lo que se exponían si se desviaban del camino recto. La responsabilidad era uno de los principales valores que la sanción social defendía. Los órganos que administraban justicia (tanto en el ámbito civil como en el penal) sancionaban con aceptable eficiencia a quienes eludían las consecuencias de su irresponsabilidad, pero la sociedad sancionaba con una severidad aun mayor a los "irresponsables" que quedaban excluidos de responder ante la ley. La progresiva disminución del valor que la sociedad daba a los conceptos de "responsabilidad" y "sanción" se puede demostrar mediante los hechos. La creación de nuevas normas jurídicas que aligeran la responsabilidad, el establecimiento de múltiples excepciones a las ya existentes que persiguen el mismo fin y la relajación de la jurisprudencia mediante nuevas interpretaciones de normas vigentes han reducido en forma alarmante la posibilidad de aplicar sanciones a quienes ejercen conductas disvaliosas para la sociedad o perjudiciales para los individuos. Con el surgimiento de la pandemia de Covid 19 quedaron expuestas las graves consecuencias que provoca el proceso al que hacemos referencia. Si bien el gobierno dictó resoluciones adecuadas para evitar la difusión del virus, estas resultaron ineficientes por no haberse aplicado en la práctica. Quienes violaron el decreto presidencial y las disposiciones del Código Penal no sufrieron ninguna sanción. Los pocos infractores que fueron detenidos quedaron en libertad en breve tiempo gracias a las normas que permiten su excarcelación o directamente impiden su detención. En cuanto a las multas aplicadas, ninguna fue cobrada en forma coactiva mediante los juicios de apremio previstos en la ley. El control de las fronteras para evitar el ingreso de personas de países limítrofes fue mínimo cuando no inexistente, y quienes fueron descubiertos violando dichos controles tampoco fueron sancionados. A pesar de estar prohibidas las reuniones, quienes asistieron a multitudinarias protestas en contra de las medidas sanitarias no fueron sancionados y estos grupos ni siquiera fueron disueltos por las fuerzas del orden. En cuanto a las sanciones sociales, éstas brillaron por su ausencia. Los pocos que se atrevieron a protestar sufrieron indiferencia, burlas, desprecios y hasta agresiones físicas. En cambio, abundaron los detractores de las medidas sanitarias, y muchos de ellos incitaron en forma directa a desobedecer la ley sin que las autoridades responsables tomaran alguna medida al respecto. Estos hechos deberían llevarnos a una sola conclusión: el lento pero persistente relajamiento de los valores fundamentales que deben regir el comportamiento de una sociedad a fin de organizar su funcionamiento adecuado y eficiente puede pasar desapercibido en épocas de normalidad, pero sus consecuencias resultan catastróficas ante una crisis como la que nos toca vivir en la actualidad. Podemos prever sin temor a equivocarnos que la desidia que ha llegado a formar parte del ser nacional impedirá cualquier solución que permita detener el avance de esta pandemia o evitar sus terribles consecuencias.